The Leviathan's: Política

“Suprimidos”

Tal como dice el libro “El Mar y la Serpiente” de la escritora argentina Paula Bombara, es poco o nada lo que se sabe sobre estos. Esta obra precisamente nos narra uno de los episodios más oscuros de la historia argentina, por el año 1976, cuando el poder fue asumido por una Junta Militar que suprimió cualquier forma de oposición. Cabe resaltar que cuando digo “suprimir a la oposición” me refiero a eliminar, liquidar, matar a gente de carne y hueso, con una vida y un nombre, estudiantes, trabajadores, personas del común, que “cometieron” como “pecado” el no estar de acuerdo con un sistema de gobierno y muchas veces propugnar por ideas que transformasen a la sociedad en una mucho mejor, en la cual las ideas, la libertad y el conocimiento valiesen.

Los métodos para la supresión fueron inadmisibles desde todo punto todo punto de vista. Miles de personas arrestadas, encarceladas sin derecho a ningún juicio (o bien a uno de la corte militar, que estaba en contra de ellos), torturadas, confinadas en condiciones infrahumanas, etc. En Argentina, 20000 y 30000 sufrieron este infierno en vida. Sólo 10000 o 5000 lograron escapar y poder contar sus historias.

Debido al desconocimiento de su paradero y estado, los llamaron y los llaman “desaparecidos”, un eufemismo que oculta la verdadera tragedia y dolor que trae consigo el desprender a alguien del seno de la sociedad, hacerlo sufrir, marginar sus ideas de una sociedad más digna y finalmente borrarlo, quedando también en blanco todos los recuerdos, amigos, logros, vida y proyectos que esta persona tuvo y que alguna vez pensaba tener.

En Colombia

Hablar sobre los “desaparecidos” en Colombia por motivos políticos, supone devolver las páginas de la historia patria y admitir, al igual que el caso argentino anteriormente mencionado, el caso de Chile con Pinochet, el de Nicaragua con Somoza, el de Panamá con Torrijos, el de Cuba con Batista, que nuestro país también ha engrosado la lista de naciones violadoras de los derechos humanos (aunque realmente estos se dan en cualquier parte del mundo); pero con la particularidad vergonzosa de no haber sucedido exclusivamente bajo dictaduras o golpes de estado, sino también bajo gobiernos democráticos, como el del ya fallecido ex presidente liberal Julio César Turbay Ayala, el cual hizo que su periodo gubernamental de 1978 a 1982, fuese y sea recordado como uno de los cuadrienios más represivos, violentos y sangrientos en la historia del país, por la vigencia del “Estatuto de Seguridad”, el cual fue creado para combatir a los movimientos subversivos y el narcotráfico.

El Estatuto de Seguridad

En 1978, el estado en el que estaba sumido el país era convulso. Violencia generalizada, anarquía, el ascenso del narcotráfico, la proliferación de guerrillas y el inconformismo de las nuevas facciones políticas por la poca o nula participación que se les daba desde el Frente Nacional en el manejo del poder y la toma de decisiones, estaban en su punto más agudo.



Ante esto, el recién elegido presidente, Julio César Turbay, consideró que para frenar la situación caótica en el plano nacional, se debía recurrir a las atribuciones propias del Estado de Sitio. Gracias a este y a una infinitamente remendada y cada vez más obsoleta Constitución de 1886, el nuevo mandatario expidió el Estatuto de Seguridad, como medio “por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de personas y se garantiza la seguridad a los asociados” . Esta manera como se redactó el decreto es, para mi concepto, una impresionante exhibición de la locuacidad con la que los políticos de este país han tradicionalmente disfrazado los problemas o medidas radicales tomadas; en este caso, la de restringir gravemente los derechos y las libertades individuales y la de efectuar arrestos por periodos extensos sin la respectiva orden de captura, bajo la “altruista” excusa de que “si era el único medio de recuperar el orden público, entonces era constitucional”.

Las medidas ordenadas por el Estatuto contemplaban desde la regulación o prohibición del consumo de alcohol, el toque de queda decretado por cualquier alcalde o gobernador en cualquier circunstancia, el cierre de cualquier medio de comunicación que divulgara información sobre el orden público, hasta la proscripción de las huelgas, manifestaciones y reuniones públicas. Pero sin duda alguna, el factor esencial para que la brutalidad de las desapariciones se desatara, fue la orden que el Gobierno dio para que todo proceso jurídico o “régimen preventivo” tomado contra alguna “amenaza potencial” recayera en los brazos de las fuerzas militares y de los Consejos Verbales de Guerra; los cuales tenían derecho a ajusticiar y a someter a sentencias a los ciudadanos que estuviesen alterando las leyes establecidas, sin que estos tuviesen derecho a alguna objeción o reclamo. La omnipotencia militar llegó a tal grado que cualquier uniformado que tuviera un grado superior al de capitán, podría tener y efectuar las garantías y funciones que tenía un Juez de la República, hasta decretar órdenes de captura.

Esto dio origen a la más grande oleada de allanamientos de propiedades civiles, arrestos y capturas de presos políticos, jamás registrada en la historia colombiana. Pero, ¿y qué paso con los presos?... Los militares, dotados de excesiva y casi total autoridad, llevaron a los reclusos a centros de tortura . Allí eran atormentados y luego asesinados, para ser arrojados en los ríos o enterrados en fosas comunes. Muchos de estos presos eran jóvenes, intelectuales, ancianos, hombres que no estaban de acuerdo con el gobierno, con ideas izquierdistas, y hasta con ideas conservadoras.

Eran personas. Personas que como Gabriel García Márquez tuvieron que tomar el exilio, personas que como los estudiantes de la Universidad Nacional fueron asesinados brutalmente, personas que como Jorge Marcos Zambrano, no resistieron las torturas y perecieron en ellas, y personas como miles de colombianos, que desgraciadamente sobrevivieron a las torturas sólo para ver como unos miserables sedientos de sangre acaban con sus vidas, sólo por tener ideas diferentes.

¿El saldo? Más de 16000 desaparecidos. Más de 21000 personas torturadas. Un gobierno, miles de militares asesinos, completamente impunes. Miles, tal vez millones, de familias sufriendo.

6 de Noviembre de 1985

En 1985, un comando del M-19 capturó el Palacio de Justicia en una intrépida operación, y tomó como rehenes a los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, varios visitantes y decenas de empleados usuales. Al cabo de varias horas y desatendiendo a las súplicas del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Echandía, los militares efectuaron un rescate fallido a sangre y fuego. Luego de la intervención de un tanque militar y luego de 72 horas de fuego cruzado, el Palacio ardió en llamas, alcanzando temperaturas superiores a 1000 ºC.

Murieron todos los guerrilleros (excepto uno), once de los doce magistrados y un centenar de personas y militares. Los desaparecidos fueron los aproximadamente 15 empleados de la cafétería, quienes en las cámaras de vídeo aparecen chamuscados, corriendo y diciendo que están bien, al mismo tiempo que abordan vehículos del ejército, escoltados por soldados. Un viaje para nunca más volver. 27 años después no se sabe nada de ninguno de ellos.

O bien, si se sabe. El ahora ex presidente Belisario Betancur ha dicho que la verdad será revelada en un libro que escriba, el cual será publicado después que muera. Algo oscuro y tenebroso guarda la suerte de los empleados de la cafetería; para que Belisario Betancur tenga que morirse antes de contarla. Tal vez trata de escapar ¿De qué? ¿Tal vez de la justicia?

La Actualidad

En el contexto actual colombiano, el fantasma de las desapariciones forzosas, vergonzosamente todavía está vigente y no sólo por motivos políticos por parte de fuerzas estatales (ejército), también por grupos al margen de la ley como paramilitares y guerrilla.

Nada más hay que observar a través de los medios de comunicación lo que acontece en las audiencias de “Justicia y Paz” para paramilitares: la romería de familiares portando fotos de sus seres queridos, exigiendo saber el paradero de los suyos, quienes fueron arrancados a la fuerza de sus familias, presuntamente por ser colaboradores de la guerrilla o por pertenecer a estos grupos, o por también sembrar miedo en la comunidad y adueñarse de tierras y ganado.

La guerrilla también ha recurrido a las desapariciones forzosas. Muchos campesinos y hacendados se “desvanecen” sino entregan sus tierras para el cultivo de cocaína o si no se ofrecen para proporcionar alimentos, refugio o para cuidar las hectáreas de dichas siembras.

Lo más irónico del asunto es que los campesinos y civiles desaparecidos, valga la redundancia, son gente del común, con familias y sueños, simples civiles, los mismos civiles por los cuales la guerrilla dice “luchar” para regalarles la justicia, como si para lucha a favor del pueblo fuese necesario o se justificase la extorsión, las masacres, el secuestro y otras violaciones de los derechos humanos, paradójicamente practicadas contra el pueblo mismo.

En Colombia las cifras son aberrantes: 11084 personas fueron asesinadas o desaparecidas en el periodo de junio del 2002 y julio del 2006 por causas sociopolíticas . Es decir, que 7,7 personas corrieron esta suerte cada día, durante el lapso analizado. Los estudios también arrojan que la responsabilidad de las fuerzas militares del Estado en las desapariciones y asesinatos de civiles se incrementó en un 60%.

Según el informe, en los casos en que se conoce el presunto autor de los hechos, la responsabilidad del 74,5 por ciento de las muertes y desapariciones es del Estado, ya sea por acción directa de agentes estatales (752 víctimas) o por tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones cometidas por los grupos paramilitares y guerrilleros (3.887 víctimas).

Reflexionando...

Para concluir quiero dejar a modo de reflexión este fragmento de un texto, de la autoría de Antígona Gómez sobre los desaparecidos:

“Uno solo, un solo desaparecido y el país muere lentamente. Quizás, quien sabe, a lo mejor no lo hemos condenado por qué a quienes desaparecen son voces disidentes: militantes de izquierda, defensores de derechos humanos, líderes sociales, contradictores, oponentes.

Ya entiendo. Por eso el gobierno no convoca una marcha para repudiar los cientos de cuerpos encontrados en las fosas comunes, producto de desapariciones hechas por los paramilitares, ni las ejecutadas en los 70 por cuerpos de seguridad del Estado, o las de los 80 y las de ahí en adelante. ¿Qué tanto puede interesarles que se sepa que desaparecen? Significaría reconocer y censurar éticamente a quienes lo han hecho. ¿Cierto? Reconocer los desaparecidos, nombrarlos, traerlos de nuevo a la vida. O, ¿acaso me equivoco?

Debo repasar el inicio de esta catarsis: lo desaparecieron. En complicidad del silencio se han llevado a esos que son voces de vida, luchas de existencia, esperanza en la injusticia, alternativa en el dominio. Los desaparecen para acabar con sus historias, proyectos e ideas. En este país, cercano a una Tebas, no sólo los han querido borrar a ustedes, también a la ética, al respeto, al valor de la vida. La justicia ya no existe, poco queda. La verdad la esconden, la trampean.”

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